Un día cualquiera, camino al Palacio de Justicia de Valencia, en el semáforo de la avenida Cedeño, una menor de edad pedía limosna; unos metros adelante había otra vendiendo flores y en la mitad de la calzada, dos zagaletones hacían acrobacias para justificar una dádiva.
En la avenida Lara, observé niños pordioseros y un chaval que tiraba hacia arriba artefactos encendidos, con riesgo de quemarse o producir quien sabe qué tragedia. Todo por una moneda para comer -paradójicamente- en uno de los países más ricos del mundo.
Observé desilusionado que la indiferencia de transeúntes y conductores era total. A nadie preocupa o extraña esta tragedia. Pareciera normal que en Venezuela, sus niños y jóvenes en vez de asistir a la escuela y formarse para la vida, dediquen su tiempo a la mendicidad y maromas frente a los autos, por unas monedas para, escasamente, suplir alguna de sus necesidades, pero sin beneficiar su incorporación cultural y productiva a la sociedad real.
No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico existen normas imperativas que protegen a los menores en situaciones riesgosas o de peligro, los cuales deben hacer cumplir Jueces, Procuradores, Fiscales del Ministerio Público y Funcionarios Municipales competentes, quienes todos los días pasan por este semáforo, porque el local donde laboran, con toda su parafernalia, se ubica aescasos metros de distancia de esa intersección vial.
Pero no sucede nada. Los flamantes funcionarios públicos no lo advierten, y si lo hicieren, poco les importa. Saben que nadie pedirá cuenta por su negligencia -que en este caso es un acto de corrupción administrativa- porque devengan una remuneración que les paga el Estado, de la exacción que nos hace mediante el cobro de los impuestos, con la única intención de evitar estos males.
Realmente, me siento impotente y triste frente a tanta desidia ciudadana, negligencia y corrupción oficial. Siento que los administrados somos culpables por omisión; que hemos olvidado que integramos una sola familia que requiere solidaridad permanente; que esos niños son nuestros niños; que conformamos una sociedad donde todos somos responsables por todos. Tan pecaminosa como la actuación oficial es… consentirla.
No debemos continuar pasivos ni substraernos al problema; podemos contribuir a eliminarlo protestando, denunciando y demandando de los burócratas, cumplimiento eficiente de sus obligaciones. Mientras no lo hagamos nos haremos cómplices y continuaremos siendo una sociedad impotente, porque tener derechos y no ejercerlos, es igual que no tenerlos.
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